El encuentro contó con la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y de funcionarios y representantes judiciales.
El intendente de Morón, Lucas Ghi, encabezó una nueva reunión de la Mesa de Política Criminal del distrito, realizada en el Salón Mariano Moreno, con el objetivo de coordinar acciones de prevención del delito junto a autoridades provinciales y del Poder Judicial.
El encuentro contó con la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y de funcionarios y representantes judiciales, entre ellos:
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Estefanía Franco, secretaria de Unidad Intendente
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Damián Cardoso, secretario de Seguridad local
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Marcelo González, presidente del Honorable Concejo Deliberante
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Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 2
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Matías Rapazzo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Morón
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Fabián Cardoso, miembro de la Cámara Criminal de Apelaciones
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Ezequiel Novillo, fiscal especializado en drogas
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Claudia Bonanata, defensora oficial del Departamento Judicial de Morón
Durante la reunión, el jefe comunal destacó una disminución de los índices delictivos en el primer cuatrimestre de 2025 y presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, para que los delitos cometidos con motocicletas dejen de ser excarcelables. Según precisó, el objetivo es otorgar mayores herramientas al Poder Judicial para evitar la reincidencia en este tipo de hechos.
El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Seguridad del municipio en coordinación con el Departamento Judicial de Morón y perfeccionado por la Asociación de Magistrados del distrito.
A su turno, el ministro Alonso valoró la propuesta local y señaló que se complementa con una iniciativa provincial similar, enfocada en limitar la excarcelación de personas que cometen delitos con armas de fuego. También informó que en el primer cuatrimestre del año se registró una baja del 10,2% en homicidios, del 22% en robos automotores, y una reducción en robos a mano armada y cometidos con motos.
Finalmente, Ghi destacó la transferencia de $1.500 millones del Fondo de Seguridad por parte del Gobierno bonaerense, y cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional en materia de financiamiento de políticas públicas de seguridad.
